A pesar de que las expectativas eran favorables, la ley antitabaco bonaerense aprobada recientemente por la Legislatura provincial quedó lejos de la tolerancia cero que aconsejaron las comisiones de Salud y Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados. Por el contrario, se aprobó más parecida a como había salido del Senado, esto es, con fuertes condicionamientos para la comercialización y publicidad de cigarrillos, pero aceptando el consumo en espacios "debidamente señalizados y compartimentados" de locales comerciales. La presencia de entidades que agrupan a empresarios gastronómicos, tabacaleros y del juego del azar obligó a revisar la postura que impulsaba la iniciativa de establecer el ciento por ciento libre de humo en todos los ambientes cerrados.

Según establece la nueva norma, estará prohibido el consumo de tabaco "en todos los espacios cerrados dependientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos de la Constitución, entes descentralizados y autárquicos -tengan o no atención al público-, los medios de transporte de pasajeros, cualquiera sea su tipo y distancia, en tanto permanezcan y circulen en jurisdicción provincial, así como en los espacios cerrados de acceso público del ámbito privado".

Entre otros de los ámbitos en los que no regirá la prohibición, están las salas de entretenimiento (bingos y casinos) autorizadas por el Estado provincial, en las que no se permita la entrada a menores de edad y cuya superficie sea superior a los 400 m2. En esos casos, las salas de juego deberán contar con un sistema de purificación del aire y ventilación que resulte suficiente para impedir la propagación de los efectos nocivos provocados por la combustión del tabaco.

La ley prevé también que podrán habilitarse zonas para fumadores en espacios cerrados del ámbito privado (bares y restaurantes, entre otros) que deberán estar "debida y visiblemente señalizadas" y "separadas físicamente del resto de las dependencias y completamente compartimentadas", y no podrán ser zonas de paso obligado para las personas no fumadoras, salvo que éstas sean empleados del comercio. En las zonas habilitadas para fumar no se permitirá la presencia de menores de 18 años.

Los cambios introducidos en la ley, para hacerla más flexible y habilitar espacios para fumadores, provocaron rechazos en varias agrupaciones. Así, por ejemplo, la Unión Antitabáquica Argentina sostuvo que "está probado científicamente que la sectorización de ambientes no sirve para proteger la salud de los no fumadores". Por su parte, la Alianza Libre de Humo Argentina (Aliar), coalición de más de 80 ONG que bregan por la sanción de leyes que garanticen ambientes ciento por ciento libres de humo, consideró a la norma aprobada "vergonzante" y "la peor de la historia". Señaló también que "los tabiques, que no son ninguna garantía, muchas veces ni se colocan, y los aparatos de ventilación no se compran por su alto costo".

No menos importante es la opinión de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) que también criticó el texto de la ley aprobada, al señalar que la tolerancia cero "mejoraría la salud de los trabajadores que pasan muchas horas en ambientes altamente viciados". Mozos y encargados de bares hicieron notar que cada vez más una amplia mayoría de los clientes pide espacios libres de humo.

Son conocidos los riesgos de desarrollar enfermedades relacionadas con el hábito de fumar, como el cáncer de pulmón y otros tipos de cánceres, enfermedades cardíacas, ataque cerebral y enfermedades respiratorias. A ello debe agregarse que en la Argentina mueren alrededor de 40.000 personas por año por enfermedades atribuibles al tabaquismo. A pesar de todo ello, resulta difícil entender que intereses vinculados a la industria del tabaco, de la gastronomía y del esparcimiento y juegos de azar prevalezcan sobre los derechos de millones de ciudadanos no fumadores.

Muchos han sido los pedidos presentados por diferentes agrupaciones para que el gobernador Scioli vete la ley aprobada y se dicte otra que siga los lineamientos de las provincias que tienen normas ciento por ciento libres de humo. En cualquier caso, vetada o no la norma, las autoridades provinciales deberán ser inflexibles a la hora de aplicar las sanciones previstas en ella, de modo que no termine siendo letra muerta.

La Nación
Lunes 3 de Noviembre de 2008

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