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Acuerdan prohibir nuevas construcciones en la villa 31
Luego de la pelea entre Macri y Anibal Fernández
Luego de una semana de fuertes enfrentamientos, los gobiernos nacional y porteño llegaron a un acuerdo: a partir de hoy se prohibirá el ingreso de materiales para nuevas construcciones en las villas 31 y 31 bis, en Retiro.
De esta forma, inspectores municipales trabajarán junto a la Policía Federal en retenes que estarán ubicados en los cinco accesos del asentamiento.
Al impedir el ingreso de materiales, el gobierno porteño estima que se dará un paso importante para cumplir uno de los objetivos de su gestión: detener el crecimiento desmesurado del asentamiento más grande y antiguo de la Capital.
Pero también se cumplirá con la disposición judicial del 28 de octubre pasado, que ordenó al Estado Nacional a arbitrar los medios necesarios para impedir la construcción de nuevas edificaciones.
La medida dictada por la jueza Cecilia de Negri tiene como objetivo evitar tanto las construcciones en altura -debido a los riesgos de derrumbes- así como la usurpación de más espacios públicos.
Los detalles del pacto se definieron anteayer por la mañana en el despacho del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández. A la reunión asistieron su par porteño, Guillermo Montenegro, y el jefe de gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público local, Fabián Rodríguez Simón.
Según informaron fuentes del gobierno local a LA NACION, se pondrán puestos de control en las cinco calles que sirven de acceso a las villas. Cada uno de ellos contará con dos inspectores de la Agencia de Control Comunal y con agentes de la Policía Federal.
Según informó el gobierno porteño, los inspectores fueron capacitados especialmente para poder discernir entre aquellos materiales destinados a nuevas construcciones y aquellos que necesiten para refacciones y mejoras de edificaciones ya existentes. En este último caso, los inspectores deberán dejar pasar los materiales.
Por su parte, los representantes de la Policía Federal tendrán la obligación de custodiar a los inspectores y de impedir cualquier intento de ingreso ilegal de materiales.
Fuentes del gobierno porteño dejaron trascender que la medida fue acordada con los 33 representantes sociales del asentamiento que conforman una mesa de diálogo con las autoridades del distrito.
"Avance"
El jefe de gobierno, Mauricio Macri, calificó el acuerdo como "un avance", aunque reiteró su llamado al gobierno nacional para que "deje de lado la confrontación y las especulaciones políticas mezquinas".
Durante toda esta semana, Macri y el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, mantuvieron un durísimo duelo dialéctico por este tema.
El jefe comunal acusó a Fernández de negarse a cumplir la orden judicial y puso en duda la capacidad del ministro para desempeñarse en sus tareas. Fernández contraatacó y calificó a Macri de "vago" e "inculto", a la vez que lo acusó de intentar obtener rédito político con el problema de la inseguridad.
Manuel J. Torino
LA NACION
La Nación
Viernes 23 de Enero de 2009