Aún sin poder encontrar consenso en varios aspectos, empresarios y sindicalistas esperan que en los próximos días se reanude desde el Ministerio de Trabajo el debate por la demorada reforma del sistema de riesgos del trabajo. La vigente ley 24.557, de 1996, está en jaque desde 2004, cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos. Los cuestionamientos judiciales hicieron que el régimen entrara en un terreno de fragilidad, que tiene su expresión en el fuerte crecimiento de la cantidad de juicios. Sólo en 2008 se iniciaron 27.170 demandas, un 58% más que en 2007, según datos aportados a LA NACION por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). El número de litigios contra las empresas empleadoras y las ART originados en accidentes y enfermedades laborales es además siete veces superior al de los iniciados en 2004. En otras palabras, mientras que en aquel año se iniciaron 7,2 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, el año pasado la cifra trepó a 35,6.

Si bien existieron intentos por elaborar una nueva normativa, hasta ahora el Poder Ejecutivo no impulsó ningún proyecto en el Congreso, pese a que se expresó una y otra vez la necesidad de ajustar la ley a la palabra de los jueces, y de mejorar los valores de las indemnizaciones previstas. En tanto, los dirigentes de la CGT y de entidades empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA) no lograron llegar a un acuerdo. La demora, mientras tanto, no sólo perjudica a las empresas que dicen moverse en un escenario de costos no previsibles, sino también a los trabajadores, que recurren a la Justicia en busca de indemnizaciones más altas. La mejora de los montos del seguro es uno de los puntos en los que sí hay acuerdo entre las partes.

A fines del año último, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, envió a los asesores de la UIA, la CGT y la UART el texto de un nuevo proyecto. Cada entidad le remitió ya al funcionario sus comentarios y opiniones. Uno de los puntos más conflictivos es cómo resolver la tacha de inconstitucionalidad que tiene el artículo 39 de la ley, que pretendió anular la posibilidad de hacer un juicio contra la empresa empleadora cuando el trabajador esté cubierto por el seguro. El debate es entre dos figuras opuestas: el cúmulo (promovido por los sindicalistas), que permitiría cobrar lo previsto por la ley de la ART y además presentar una demanda, o la opción (pretendida por los empresarios), que le exigiría al trabajador elegir un camino o el otro.

"Se habla de un cúmulo parcial o semiexcluyente, y no estamos de acuerdo", sostuvo Daniel Funes de Rioja, asesor laboral de la UIA, en referencia a que la iniciativa permitiría, en forma restringida, presentar reclamos judiciales. La posición empresarial es que debería dejarse en claro que si el afectado acepta las prestaciones del seguro, no podría ir a la vía de la Justicia. El abogado agregó que debería fijarse que quienes elijan esta segunda opción demanden en la justicia civil, y no en la laboral. Para el diputado por el Frente para la Victoria y referente de la CGT, Héctor Recalde, la doble vía que se promueve implicaría que el empleado cobre de la ART y que después ese monto se descuente de lo que un juez determine como indemnización.


Sin costos

Jorge Aimaretti, presidente de la UART, consideró que no puede funcionar un sistema "con base en el cúmulo y sin costos para litigar" porque la existencia de la instancia judicial sin costo para el demandante provoca una "promoción de la litigiosidad". "Hay que evitar que la figura del cúmulo se vuelva destructiva", sentenció. El empresario consideró que, para que las prestaciones sean acordes con los montos que fija la Justicia, su alza actuaría como un disuasivo de los reclamos. Para Recalde, la mejora de las indemnizaciones a cargo de las ART desalentará de por sí la litigiosidad. Para los casos de algún grado de incapacidad generada por un accidente o enfermedad laboral, el nuevo proyecto prevé un piso de $ 250.000 por el porcentaje de discapacidad. Funes de Rioja rechaza que la ley fije un piso generalizado, sin tener en cuenta los salarios de convenio de cada actividad, que deberían ser la referencia, según él.

Silvia Stang
LA NACION

La Nación
Lunes 26 de Enero de 2009

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