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Mendoza está segunda en el ránking de litigiosidad laboral
En 2008 y con 113 juicios iniciados cada 10.000 afiliados, sólo es superada por Córdoba, pero aventaja a Santa Fe y Buenos Aires. En un año creció 92%.
Entre 2007 y 2008 en Mendoza la cantidad de juicios por siniestros de trabajadores en blanco se incrementó 92%, según los datos provistos por La Segunda ART.
Lo cierto es que a partir de 2004 el empleado tiene disponible la vía legal para reclamar, lo que incentiva la industria del juicio e implica una amenaza para los afiliados, que son los privados, y el Estado, de tener que afrontar parte de la indemnización.
Luego del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 2004 habilitó la posibilidad de demandar al empleador, más allá de la cobertura de ART que hubiera contratado, se produjo una verdadera catarata de presentaciones judiciales en el país.
En este escenario, según las últimas estadísticas disponibles, y tal como aconteció en los últimos años, Mendoza resultó ser nuevamente en 2008 la segunda provincia de la Argentina con mayor cantidad de demandas judiciales por siniestros laborales, después de Córdoba.
Desde 2004 las demandas por juicios laborales, por parte de los empleados cubiertos por una ART, se han incrementado sin parar año a año en la provincia. Concretamente, según los datos de La Segunda y de la Suprema Corte de Justicia, en aquel momento la cantidad de juicios alcanzó los 490 y representó una suba anual del 77,84%; en 2005 rozó los 603 casos con un crecimiento del 23,13%; mientras que en 2006 crecieron un 53,66% las demandas con 927 casos; al año siguiente saltaron a 1.742 con un aumento del 87,91%; para luego, en 2008, pegar un salto mayor que representó una suba del 92,41% totalizando las 3.352 demandas aproximadamente.
"Que Mendoza sea una de las provincias con mayor litigiosidad se puede deber a dos motivos: porque los mendocinos quieren que sus derechos se cumplan o porque confían en la Justicia. Además hay que aclarar que hay facilidad para asistir a las Cámaras laborales, ya que no hay que pagar nada (al abogado se le paga cuando se dicta sentencia)", sostuvo Alfredo Segura, administrador general del Poder Judicial de Mendoza.
Más allá de estos datos, lo cierto es que del total de las demandas laborales iniciadas por los empleados cubiertos por ART, las que corresponden a accidentes laborales, si bien han crecido, han dejado de ser las causas más relevantes. Puntualmente en 2003, 2004 y 2005, más del 70% de las demandas laborales eran específicamente por accidentes, pero a partir de 2006 bajaron su preponderancia alcanzando en 2008 al 43% de todos los casos.
En contraste a esta situación, los reclamos judiciales de los empleados referidos a enfermedades profesionales (casos en que el trabajador litiga contra su empleador por la aparición de una enfermedad relacionada con la actividad que desempeña) o a otro tipo de disconformidades laborales, desde hace unos años están en auge lo que en definitiva ha alimentado la industria del juicio en Mendoza.
En este sentido, el gerente de La Segunda ART, Ricardo Aide, reveló que "se ha comprobado que los abogados querellantes realizan reclamos infundados, ya que en la mayoría de los casos solicitan indemnizaciones por patologías que sus clientes han padecido fuera de su trabajo o que no están derivadas del mismo".
En sintonía con la aseguradora, según los datos provistos por la administración general del Poder Judicial, entre 2003 y 2008 los juicios por enfermedades profesionales se incrementaron 218%, mientras que entre 2007 y 2008 aumentaron considerablemente un 112%.
En este punto Aide dijo que "hay reclamos aceptables pero hay otros que responden a seudo enfermedades profesionales, como várices, que no está demostrado que se hayan iniciado a causa de la actividad, y que representan el 80% de los casos".
Por su parte, Juan Horacio González Gaviola, Superintendente de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, agregó que "han crecido las licitaciones ilegales para sacar plata a las ART por reclamos de patologías de hipoacusia que constituyen una verdadera estafa".
Perjudicados
Lo más triste de todo es que el afiliado que contrata y por tanto paga mensualmente a una ART para asegurarse ante cualquier siniestro que sus empleados pudieran sufrir, muchas veces termina pagando los platos rotos. Lo cierto es que algunas resoluciones de los juicios resuelven otorgar indemnizaciones por encima del tope que fija la ley a las ART, que alcanza $ 230.000; del resto se hace cargo el empleador.
"La alta litigiosidad en Mendoza provoca un perjuicio a los afiliados de las ART que, en la mayoría de los casos, son gobiernos provinciales, municipales, como otros organismos que funcionan en la órbita estatal, lo que implica que el dinero necesario para hacer frente a estas demandas termine saliendo del erario público.
A su vez, el universo de afiliados se completa con empresas privadas que también sufren esta permanente sangría de dinero para indemnizar un riesgo que ya creían cubierto", advirtió con preocupación Aide.
Lo cierto es que se requiere de una pronta solución, ya que los juicios generalmente salen a favor del trabajador, advirtieron desde La Segunda. Además Segura dijo que "la crisis actual generará más conflictos que se dirimirán en el Poder Judicial".
Una consecuencia directa de este problema es la retracción de la inversión. En este sentido, Aide se pregunta: "¿Quién tendrá ganas de invertir en Mendoza si corre el riesgo de padecer el crecimiento de esta industria judicial?".
Otra consecuencia directa es que se incrementa el costo de la cobertura de las ART.
Una de las posibles soluciones sería incrementar el tope indemnizatorio de las ART que fija la ley, que no se modifica desde 2001. Otra opción es que el trabajador, antes de demandar al empleador, debería pasar sí o sí por las comisiones médicas, ya que hoy no es obligación hacerlo, para que le determinen la incapacidad, propuso Aide.
Lo cierto es que a partir de 2004 el empleado tiene disponible la vía legal para reclamar, lo que incentiva la industria del juicio e implica una amenaza para los afiliados, que son los privados, y el Estado, de tener que afrontar parte de la indemnización.
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Luego del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 2004 habilitó la posibilidad de demandar al empleador, más allá de la cobertura de ART que hubiera contratado, se produjo una verdadera catarata de presentaciones judiciales en el país.
En este escenario, según las últimas estadísticas disponibles, y tal como aconteció en los últimos años, Mendoza resultó ser nuevamente en 2008 la segunda provincia de la Argentina con mayor cantidad de demandas judiciales por siniestros laborales, después de Córdoba.
Desde 2004 las demandas por juicios laborales, por parte de los empleados cubiertos por una ART, se han incrementado sin parar año a año en la provincia. Concretamente, según los datos de La Segunda y de la Suprema Corte de Justicia, en aquel momento la cantidad de juicios alcanzó los 490 y representó una suba anual del 77,84%; en 2005 rozó los 603 casos con un crecimiento del 23,13%; mientras que en 2006 crecieron un 53,66% las demandas con 927 casos; al año siguiente saltaron a 1.742 con un aumento del 87,91%; para luego, en 2008, pegar un salto mayor que representó una suba del 92,41% totalizando las 3.352 demandas aproximadamente.
"Que Mendoza sea una de las provincias con mayor litigiosidad se puede deber a dos motivos: porque los mendocinos quieren que sus derechos se cumplan o porque confían en la Justicia. Además hay que aclarar que hay facilidad para asistir a las Cámaras laborales, ya que no hay que pagar nada (al abogado se le paga cuando se dicta sentencia)", sostuvo Alfredo Segura, administrador general del Poder Judicial de Mendoza.
Más allá de estos datos, lo cierto es que del total de las demandas laborales iniciadas por los empleados cubiertos por ART, las que corresponden a accidentes laborales, si bien han crecido, han dejado de ser las causas más relevantes. Puntualmente en 2003, 2004 y 2005, más del 70% de las demandas laborales eran específicamente por accidentes, pero a partir de 2006 bajaron su preponderancia alcanzando en 2008 al 43% de todos los casos.
En contraste a esta situación, los reclamos judiciales de los empleados referidos a enfermedades profesionales (casos en que el trabajador litiga contra su empleador por la aparición de una enfermedad relacionada con la actividad que desempeña) o a otro tipo de disconformidades laborales, desde hace unos años están en auge lo que en definitiva ha alimentado la industria del juicio en Mendoza.
En este sentido, el gerente de La Segunda ART, Ricardo Aide, reveló que "se ha comprobado que los abogados querellantes realizan reclamos infundados, ya que en la mayoría de los casos solicitan indemnizaciones por patologías que sus clientes han padecido fuera de su trabajo o que no están derivadas del mismo".
En sintonía con la aseguradora, según los datos provistos por la administración general del Poder Judicial, entre 2003 y 2008 los juicios por enfermedades profesionales se incrementaron 218%, mientras que entre 2007 y 2008 aumentaron considerablemente un 112%.
En este punto Aide dijo que "hay reclamos aceptables pero hay otros que responden a seudo enfermedades profesionales, como várices, que no está demostrado que se hayan iniciado a causa de la actividad, y que representan el 80% de los casos".
Por su parte, Juan Horacio González Gaviola, Superintendente de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, agregó que "han crecido las licitaciones ilegales para sacar plata a las ART por reclamos de patologías de hipoacusia que constituyen una verdadera estafa".
Perjudicados
Lo más triste de todo es que el afiliado que contrata y por tanto paga mensualmente a una ART para asegurarse ante cualquier siniestro que sus empleados pudieran sufrir, muchas veces termina pagando los platos rotos. Lo cierto es que algunas resoluciones de los juicios resuelven otorgar indemnizaciones por encima del tope que fija la ley a las ART, que alcanza $ 230.000; del resto se hace cargo el empleador.
"La alta litigiosidad en Mendoza provoca un perjuicio a los afiliados de las ART que, en la mayoría de los casos, son gobiernos provinciales, municipales, como otros organismos que funcionan en la órbita estatal, lo que implica que el dinero necesario para hacer frente a estas demandas termine saliendo del erario público.
A su vez, el universo de afiliados se completa con empresas privadas que también sufren esta permanente sangría de dinero para indemnizar un riesgo que ya creían cubierto", advirtió con preocupación Aide.
Lo cierto es que se requiere de una pronta solución, ya que los juicios generalmente salen a favor del trabajador, advirtieron desde La Segunda. Además Segura dijo que "la crisis actual generará más conflictos que se dirimirán en el Poder Judicial".
Una consecuencia directa de este problema es la retracción de la inversión. En este sentido, Aide se pregunta: "¿Quién tendrá ganas de invertir en Mendoza si corre el riesgo de padecer el crecimiento de esta industria judicial?".
Otra consecuencia directa es que se incrementa el costo de la cobertura de las ART.
Una de las posibles soluciones sería incrementar el tope indemnizatorio de las ART que fija la ley, que no se modifica desde 2001. Otra opción es que el trabajador, antes de demandar al empleador, debería pasar sí o sí por las comisiones médicas, ya que hoy no es obligación hacerlo, para que le determinen la incapacidad, propuso Aide.
Los Andes
Lunes 30 de Marzo de 2009