Crea serias dudas la capacidad del gobierno nacional para analizar situaciones referidas al medio ambiente al tomar como base el resultado de un estudio realizado por un científico, funcionario del Ministerio de Defensa, sobre los supuestos daños que podría provocar el glifosato.

El estudio, atribuido al Conicet, no fue dado a conocer en ninguna publicación científica, medio habitual que usan los investigadores para difundir descubrimientos relevantes. No es reconocido como tal por el organismo ni atravesó los pasos requeridos para que una publicación alcance un estatus científico. Sin embargo, una organización no gubernamental presentó un recurso ante la Corte Suprema para que se prohíba el uso del herbicida.

Lo curioso es que casi al mismo tiempo, sin citar fuente científica alguna, el propio Ministerio de Defensa prohibió el cultivo de soja transgénica en las unidades militares próximas a zonas urbanas y suburbanas con el argumento de que la oleaginosa genéticamente modificada provocaría daños al medio ambiente y a la salud.

Para dictar esta prohibición, no reparó en que esta soja está autorizada por la Secretaría de Agricultura desde 1996 ni en que, hasta el presente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) jamás desaconsejó su uso.

Todos los productos fitosanitarios que se comercializan en el país están inscriptos en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que autorizó el glifosato en 1977 y ha sido revalidado en 1999. Está considerado un producto que normalmente no ofrece peligro, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo que no se ha analizado es que la prohibición de uso del glifosato implicaría una drástica reducción en siembra directa, sistema que reduce las labranzas y permite producir sin degradar el campo. Esta modalidad permitió evitar la erosión y la pérdida de materia orgánica de los suelos durante los últimos años, así como contribuir fuertemente en la lucha contra el hambre.

Sin duda, el tema ambiental figura en la agenda sólo para asuntos secundarios, como ocurrió cuando se intentó justificar las retenciones a la soja como una política para proteger la biodiversidad. Sobre esa base, en aquella oportunidad se pretendía luchar contra la "sojización".

Como es costumbre, en un tema de aparentes consecuencias ambientales la máxima autoridad ambiental está ausente o tiene el escaso rol de asentir ante las decisiones de quienes poco conocen de la materia en nuestro país. Da la impresión de que caemos nuevamente en una situación paradójica debido a las decisiones contradictorias del Gobierno. Es llamativo que el Ministerio de Defensa dicte esta prohibición y que se siga utilizando fueloil importado de Venezuela en las centrales de energía eléctrica como sustituto del gas natural. Esto llevó a que se produjera lluvia ácida (presencia de ácido sulfúrico en la lluvia) hace dos años en la ciudad de Buenos Aires. La quema de combustible derivado del petróleo crea serios trastornos en las vías respiratorias de las personas; la niebla ácida ingresa en los pulmones.

Se hace difícil creer, entonces, que la medida tomada por el Ministerio de Defensa sea realmente una herramienta para proteger el medio ambiente y la salud de la población. Es, al parecer, otra manera de tomar decisiones que tienen más color político o ideológico que inteligencia y seriedad para analizar las consecuencias que podrían tener sobre nuestro país.

La Nación
Viernes 8 de Mayo de 2009

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