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La Justicia interviene de oficio en la causa por los juicios laborales truchos
Lo decidió el Procurador General de la Corte. Desde hoy se citará a damnificados. Investigarán connivencia
La onda expansiva de las denuncias que ante los medios de comunicación hicieron el lunes empresarios y productores presentándose como víctimas de falsas denuncias y juicios laborales llegó a los tribunales de la Provincia. Es que ayer, el Procurador General de la Corte, Rodolfo González, ordenó que se investigue de oficio a partir de los dichos públicos.
La investigación se propone “determinar la relevancia penal de las acusaciones reflejadas en los medios de comunicación, referidas a reclamos prejudiciales injustificados, demandas judiciales y sentencias laborales fraudulentas”.
Pero al mismo tiempo, González dispuso “poner en conocimiento de lo actuado” al Colegio de Abogados y Procuradores de la Tercera Circunscripción Judicial, a la que corresponden la mayoría de las denuncias falsas.
Mientras tanto, Los Andes contactó ayer al abogado Luna, uno de los que se sindica como principal impulsor de la maniobra, quien luego de asegurar que haría su descargo frente a las acusaciones finalmente desistió.
Si bien el problema es de índole empresarial, parece ser la arena para un nuevo round en la pelea Gobierno- Justicia. Las señales son claras: un día después de que ante los empresarios el ministro de Gobierno, Mario Adaro, responsabilizara a la Justicia mendocina de “no actuar como corresponde y sancionar”, el procurador González apuró la decisión.
El fiscal de Instrucción de San Martín, Gustavo Rosas, asumió la tarea y desde hoy empezará a citar a los protagonistas que reflejaron hasta ahora los medios.
En principio, las figuras que podrían caber a la comisión de delito, si todo se encamina en la etapa procesal, pasan por el falso testimonio, estafa procesal (cuando un funcionario judicial incurre en error y falla en perjuicio de un tercero a partir de falsas pruebas, según el art. 172 del Código Penal) o prevaricato (si hubo fallos en base a denuncias truchas).
Esto, siempre y cuando Rosas pueda constatar la veracidad de las denuncias mediante la recepción de todas las pruebas posibles de ser merituadas, como testigos repetidos y expedientes formados. El caso del vivero (ver aparte) que recibió más de 220 cartas documentos de las cuales sólo un 10% serían de empleados “reales” es paradigmático.
Ayer, el fiscal reconoció a este medio que tiene claro como encarar la investigación. “Habrá que ver cuántos testigos se repiten, analizar las causas, escuchar a los protagonistas y estudiar los expedientes que existan”, anticipó.
Pero no es todo. Los hombres de negocios deberán, si pueden probarlo, demostrar el perjuicio que un accionar de las Cámaras Laborales 1 y 2 de San Martín en connivencia con los citados profesionales les habría provocado.
En tres juzgados, a cargo del doctor D’Angelo y las juezas Coronel y Gil de Escobar, se reparten las causas de la Cámara 1. Mientras que en la restante, tras la jubilación de su titular, Garavaglia, la responsabilidad recae en los magistrados Balliro y Barocchi.
Entre los empresarios ayer seguían los reclamos de una pronta solución. Como Marcelo Montoya- Juncal Agroemprendimientos, que dice no haber sufrido a testigos falsos pero al menos 5 juicios inventados que le ofrecieron “arreglar” por alrededor de $ 300.000.
“Necesito 10 o 15 empleados más pero tengo miedo de tomarlos. En cambio algunas firmas grandes optaron directamente por contratar a esos abogados para evitarse problemas”, admitió.
MIGUEL ANGEL FLORES - mflores@losandes.com.ar
Los Andes
Miercoles 10 de Junio de 2009