En plena sintonía con los abogados de Omar Chabán, ayer el defensor de Callejeros inició su alegato con una fuerte criticas al Tribunal por cómo se lleva a cabo el juicio por la tragedia de Cromañón. El abogado Martín Gutiérrez reprobó que se haya permitido declarar en el juicio a muchos testigos que "revisten carácter de querellantes e iniciaron demandas civiles contra mis defendidos. Es decir: tienen interés en el resultado del pleito, buscan una reparación (económica) a costa de mis defendidos". No es para nada habitual que un defensor critique a un Tribunal, menos aún cuando faltan menos de 2 meses para que se dicte sentencia.

El abogado también rechazó que la banda tuviera responsabilidad alguna en la organización y en las tareas de seguridad la noche del desastre. De los 7 miembros del grupo solo se vio en la audiencia al escenógrafo Daniel Cardell, al bajista Christian Torrejón y al saxofonista Juan Carbone, quien siguió todo el alegato mascando un chicle con la boca abierta.

Los pedidos de pena para los miembros de Callejeros fueron similares para todos por parte del fiscal: 15 años. Pero entre los querellantes muchos pidieron una pena mayor para el líder Pato Fontanet y el manager Diego Argañaraz, que llegó hasta los 26 años de máxima.

Además de impugnar a los testigos, Gutiérrez censuró la tarea de la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI). "Tuvo un carácter discriminatorio: no faltaron a ninguna audiencia cuando los testigos eran sobrevivientes pero nunca se acercaron a los imputados que también son sobrevivientes", dijo.

Gutiérrez refutó además los testimonios de cinco testigos. A una, Laura Fernández, por ser ex pareja de un músico de Callejeros ("se prohíbe declarar en contra de un imputado si hay parentesco", alegó). De los otros 4 testigos directamente consideró que habían mentido. El defensor de Callejeros se terminó de ganar la antipatía de varios en la sala cuando entre las "desigualdades procesales" mencionó que a los abogados que representan a las familias de las víctimas el Gobierno les "habría pagado con fondos reservados".

El querellante, José Iglesias, luego explicó: "No fueron fondos reservados. El Gobierno había dictado un decreto, el 525 de 2005, de asistencia financiera para solventar los honorarios de los abogados de las víctimas. Sólo se hicieron algunos pagos". Iglesias aclaró que él nunca cobró esa asistencia.

En un cuarto intermedio, Chabán se acercó a Clarín y a otros medios para alabar la mención de Gutiérrez: "¿Cómo puede ser que el Estado le pagó a abogados para demandar al propio Estado?"

En su alegato, Gutiérrez afirmó que Callejeros "nunca fue una empresa, son artistas". Y aseguró que nunca en su historia la banda organizó un recital. También negó que el grupo tuviera responsabilidad en la seguridad. Según el abogado, en un espacio público la seguridad le corresponde al Estado y en uno privado recae "en el dueño o legítimo tenedor" del lugar. Si la imputación estuvo dirigida a Chabán, el ex gerenciador de Cromañón ni siquiera acusó recibo. En realidad pareció destinada al dueño del local, Rafael Levy, quien ya fue sobreseído por la Justicia.

El alegato de Gutiérrez seguirá hoy a las 10. Pedirá la absolución de los miembros de Callejeros.

También ayer fue el alegato de Albino Stefanolo, defensor de Raúl Villarreal, un antiguo colaborador de Chabán. De acuerdo al abogado, Villarreal "no tuvo nada que ver" en la tragedia. "Al contrario", insistió, "su función fue la correcta". Stefanolo también remarcó que su cliente carecía de peso al momento de tomar decisiones en Cromañón. Al final, pidió su absolución.

Por: Carlos Glaván

Clarín
Jueves 18 de Junio de 2009

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