Silvia Stang
LA NACION

Después de años de buscar sin resultados un consenso para reformar la ley de riesgos del trabajo, el Gobierno decidió convocar a empresarios y sindicalistas al denominado Comité Consultivo Mixto del sistema, que se reuniría mañana. El objetivo es ver si se puede lograr un acuerdo para modificar por decreto algunos aspectos de la ley. Específicamente, se trataría de mejorar las prestaciones que cobran los trabajadores accidentados -o los familiares de los fallecidos- y de incluir en el listado de enfermedades profesionales -con cobertura a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)- algunas que no están por ahora consideradas como tales.

Los cambios, sin embargo, no serían suficientes para corregir la normativa y dejarla en línea con la palabra dada por la Corte Suprema de Justicia, que consideró inconstitucionales varios artículos de la ley 24.557, vigente desde julio de 1996.

Uno de los puntos que mantienen trabada la posibilidad de un acuerdo entre empresarios y sindicalistas es el límite que impone la ley actual para que los trabajadores afectados por algún accidente o enfermedad litiguen contra el empleador. Los jueces declararon hace ya cinco años la inviabilidad de esa disposición, lo cual -junto con otros fallos desfavorables para el sistema- provocó un fuerte crecimiento de la litigiosidad.

La posibilidad o no de llevar a juicio al empleador es uno de los principales temas que ponen distancia entre los actores sociales: la CGT sostiene que los trabajadores deberían tener el derecho de cobrar de la ART e ir a la Justicia, en tanto que la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades empresariales argumentan que, para que el sistema sea previsible, debería optarse por alguna de las dos vías de indemnización.

La semana pasada, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibió, junto con el superintendente Juan Horacio González Gaviola, a los dirigentes de la UIA Héctor Méndez, José Ignacio de Mendiguren y Daniel Funes de Rioja, y al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que estuvo acompañado por el abogado Héctor Recalde, también diputado del Frente para la Victoria. Allí, Tomada habló de promover cambios por decreto.


Diálogo político

Ayer, los industriales consideraron el tema en una reunión con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con quien seguirán dialogando hoy.

Si bien aún no se habló de cuál sería la modalidad para subir las indemnizaciones, Recalde confirmó que la CGT llevará la misma propuesta que había presentado tiempo atrás como proyecto de ley: el objetivo es que los montos por cobrar en los casos de incapacidad permanente o muerte tengan un piso -de 250.000 o 300.000 pesos, según el caso-, pero no un techo, como sí existe en la actualidad.

En el sector empresarial no creen que una suba de las indemnizaciones alivie el problema de la alta judicialidad, ya que se considera que podría desatarse una carrera entre los montos dispuestos por las normas y los que resuelvan los jueces.

Recalde, en cambio, consideró que si bien lo ideal es la reforma legal, "no está mal lo que se busca hacer, porque el trabajador no pleitea porque sí", sino por lo insuficientes que resultan las cifras por cobrar.

Con respecto a las enfermedades laborales, podrían sumarse al listado las lumbalgias, las várices y las hernias. Según las ART, ya existe un mecanismo para reclamar por vía administrativa la cobertura de patologías no listadas, pese a lo cual muchos reclamos comienzan por tramitarse directamente en la Justicia.

La Nación
Miércoles 19 de Agosto de 2009

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