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Aún no se efectivizó el cierre de la ex Massuh
Crece el malestar entre los vecinos
LA PLATA (De nuestra corresponsalía).- Pasados cuatro días desde que el juez en lo contencioso administrativo de esta ciudad, Luis Arias, ordenara la clausura preventiva de la estatal Papelera Quilmes, la medida aún no fue concretada y crece el malestar de los vecinos, que hicieron una denuncia penal por la falta de cumplimiento del cierre.
Arias reconoció a LA NACION no saber cuál era a ciencia cierta la situación de la planta y se quejó porque funcionarios de la Dirección de Prevención de Delitos Ecológicos y Sustancias Peligrosas de la provincia no atendieron sus llamadas.
El responsable del operativo, Ignacio Ortiz Valenzuela, no respondió a las consultas de LA NACION. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se informó que "la planta fue clausurada debidamente y hoy está inactiva".
El movimiento habitual de empleados y la actividad de las chimeneas dieron cuenta, ostensiblemente, del funcionamiento de la planta. Según el fallo, cada día de incumplimiento la empresa deberá pagar una multa de $ 30.000. "Acá pasa algo muy raro, que no me informen me resulta muy sugestivo", dijo el magistrado, que sólo ayer pudo confirmar que los representantes de la papelera hayan sido notificados fehacientemente de su disposición.
Pero el miembro del directorio de la ex Massuh y secretario de Producción del municipio de Quilmes, Guillermo Robledo, aseguró que "la planta sigue funcionando normalmente" y que fueron los trabajadores quienes resistieron la medida judicial. También confirmó la salida de la compañía del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a partir del 31 de agosto pasado. "La Presidenta lo requería en otras funciones y se desvinculó formalmente", dijo. Como gerente general asumió Fernando López, representante del Banco Nación.
Ante la ineficacia de la medida judicial, un grupo de vecinos radicó una denuncia en la comisaría 4° de Quilmes para que se investigue el incumplimiento de la orden de Arias. El caso quedó en manos de la fiscal Bárbara Velazco.
"Nadie quiere jugarse porque está metido el Gobierno", protestaron ayer varios de los vecinos consultados por LA NACION. Mañana, representantes de la empresa y los lugareños se reunirán en la sede del juzgado platense para intentar conciliar sus posturas.
"La nueva razón social de la empresa va a ingresar en la causa recién ahora", argumentó Robledo. Y dijo que el municipio de Quilmes tramitará ante la Secretaria de Medio Ambiente un aporte de $ 3 millones, necesarios para revertir la situación rápidamente.
La Nación
Miércoles 16 de Septiembre de 2009