Las entidades empresarias que agrupan a la industria, a la construcción, a los bancos, a la Bolsa y al comercio se unieron ayer para cuestionar el decreto que firmó la semana pasada la Presidenta Cristina Kirchner que elimina los topes a las rentas e indemnizaciones de riesgos del Trabajo. Anoche se sumaron a ese duro cuestionamiento la Asociación Empresaria Argentina y la Sociedad Rural. Así, para la UIA, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos de Capital Argentino el decreto presidencial "incrementa los costos laborales, agrava el acuciante y creciente problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo". Y agregan: "Lamentamos que luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente pequeñas y medianas", según el comunicado firmado por las 5 entidades.

Como anticipó Clarín la semana pasada, el decreto presidencial eliminó el tope de $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad laboral que regía desde el año 2000. A la vez fijó un piso similar a esa cifra que hasta entonces no existía.

Los restantes puntos conflictivos del sistema, originados por los fallos de la Corte Suprema que declararon la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley, quedaron para ser reglados el año próximo con el envío de un proyecto de ley al Congreso. Entre ellos, el más importante la posibilidad del trabajador o familiares damnificados de cobrar las rentas e indemnizaciones de la ART y reclamar por la justicia civil una suma mayor ("reparación integral").

El argumento oficial es que se modificó lo que puede hacerse por decreto en tanto los restantes puntos requieren una ley. Y hasta ahora no se alcanzó un consenso entre el Estado, los empresarios y los sindicatos para enviar un proyecto al Parlamento.

Las entidades empresarias admiten que el decreto "establece una actualización de los montos indemnizatorios, tal como el sector empresario ha propuesto en reiteradas oportunidades, incluso antes de los citados fallos de la Corte".

Pero al "mantener la posibilidad de acumular indebidamente estos beneficios con los que eventualmente se obtengan mediante litigios por la vía civil", las entidades empresarias aseguran que el decreto incentivará "la proliferación indiscriminada de los reclamos judiciales al elevar los montos cubiertos por el sistema".

Las entidades afirman que entre enero y septiembre sumaron 70.000 los juicios laborales de accidentes de trabajo. Los empresarios proponen:

Mantener y fortalecer el sistema actual "con especial énfasis en la prevención".

Admitir que "sólo por excepción se pueda apelar a un litigio por la ley común cuando el empleador haya incumplido con las medidas de higiene y seguridad".

Aplicar la llamada opción excluyente: el litigio por la vía de la ley común presupone la renuncia al cobro de las prestaciones del sistema.

Por: Ismael Bermúdez

Clarín
Martes 10 de Noviembre de 2009

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