Apenas un puñado de personas es responsable de que siga interrumpido desde hace tres años, a la altura del paraje Arroyo Verde, el tránsito por la ruta 136 y, en definitiva, por el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, en Uruguay. La razón que se invoca es la defensa de derechos ambientales por supuestos perjuicios causados por la instalación y el funcionamiento, del otro lado del río Uruguay y sobre la costa uruguaya, de la fábrica finlandesa Botnia.

A la desolación del paisaje se suma, en ese lugar fronterizo, el triste espectro de un grupo fantasmal que se ha arrogado la representación soberana de la ciudadanía argentina. Si se pretendiera resolver los problemas del país como a cada uno le plazca, no habría nación. Habría una multiplicidad de tribus en permanente dispersión.

Ha caído bajo, muy bajo, el concepto de nación. De otro modo, después de tres años de que un movimiento vecinal de Gualeguaychú decidiera por sí y ante sí interrumpir la comunicación vial con Uruguay habría sido natural que se oyera un clamor popular más fuerte por el cese de un recurso tan extemporáneo como ilegal e inaudito.

Más natural, por cierto, habría sido que alguna autoridad de la provincia o del Estado nacional, dada la entidad de los valores en juego, hubiera interpuesto acciones legítimas contra el atropello que implica el corte. Nadie, sin embargo, se ha hecho demasiadas ilusiones a lo largo de este período de que el orden público podría ser restaurado por las mismas autoridades que contribuyeron en su momento a alentar una anarquía de grado incomprensible y consecuencias inevitables. Primero se volcó en represalia contra los intereses uruguayos, y luego terminó por comprometer los intereses superiores de la Argentina.

Estábamos acostumbrados, mal que nos pesara, a este desquicio por las rutas y calles del país, pero el desborde que ha anegado relaciones que por años y años habían sido privilegiadas por sucesivas generaciones de estadistas de ambos lados del Plata ha colmado lo imaginable.

Cómo ha de ser el grado de escándalo que esta situación suscita que el cardenal Estanislao Karlic, ex presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se ha sentido tentado de salir de un retiro de años y decir palabras categóricas sobre el corte, aun sabiendo de qué modo dejaría involucrada, por lo expectable de su trayectoria evangélica, a la Iglesia.

El cardenal Karlic ha expresado que no hay derecho a decir "Por aquí no pasarán". Podría haber señalado que desde los días iniciales del movimiento en cuestión los sediciosos se han visto de modo gradual reducidos en número, al punto de que menos de cincuenta personas han ratificado recientemente la voluntad de seguir con el corte de la ruta 136. Menos aún son las que contribuyen en los hechos a hacer efectiva esa absurda medida.

Ha crecido, por el contrario, el número de voces que en Gualeguaychú y en Entre Ríos expresan su contrariedad por los daños que se causan. Sin embargo, un par de docenas de personas están decidiendo por vías de fuerza lo que corresponde asumir a 40 millones de argentinos.

El reclamo por las actividades de Botnia se encuentra radicado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda. Como es de imaginar, esa acción cuenta con el respaldo general argentino, a pesar de las dudas sobre su suerte final. No puede aguardarse, a juzgar por las opiniones precedentes de expertos, de organismos internacionales y por la opinión preliminar ya emitida por la mayoría de ese tribunal, una decisión que avale la voluntad de que "se vaya" Botnia.

Entretanto, lo que corresponde es esperar el veredicto y comportarse, según ha reclamado el cardenal Karlic, como responsables. Ha sido necesario que este prelado sin funciones jerárquicas en el gobierno de la Iglesia, pero con un prestigio intacto, recordara que la sociedad de la globalización no expresa su condición de tal sólo por los medios de comunicación periodística, sino también por el tránsito de vehículos y de personas.

¿Comprenden los sediciosos lo que eso significa? ¿Sabe valorarlo el gobernador Urribarri, que sólo se ha atrevido a observar que hay un movimiento importante que promueve el levantamiento del corte?

La extraña aventura que tiene desde hace tres años por escenario el paraje de Arroyo Verde es un síntoma del cuadro febril que se ha instalado en el país. Podría interpretarse como una ironía vulgar la indagación de si también el gobierno central tiene idea de la magnitud del precedente que se ha sentado, primero con su aliento y luego con su proverbial desaprensión.

La Nación
Miércoles 16 de Diciembre de 2009

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