No hacen falta instrumentos complejos ni conocimientos especiales para verificar que la mayoría de los colectivos para el transporte público de pasajeros emite gases contaminantes en forma excesiva. Para efectuar esa comprobación basta con andar por la calle y reparar en la mala calidad del aire que se respira. No obstante, son muy pocos los vehículos sancionados por ese motivo.

Informes fehacientes dan cuenta de que en el curso de los dos últimos años, sólo 183 colectivos fueron objeto de multas por exceso de emisión de gases. Se trata de un dato curioso, en virtud de que por la ciudad de Buenos Aires circulan 135 líneas de esas características -no entran en el cálculo los ómnibus de larga distancia-, pertenecientes a 91 empresas que, en definitiva, son exclusivas responsables de su mejor o peor funcionamiento.

No se trata de una preocupación superflua. Las humaredas que despiden esos medios de transporte contienen, entre otros productos nocivos, azufre, dióxido de carbono, plomo, nitrógeno y otras sustancias nocivas de parecidos tenor y peligrosidad. Sus efectos no son para nada mínimos: provocan afecciones respiratorias y pueden llegar a ser cancerígenos.

Hay leyes preventivas. Que se las acate es otra historia. Por ejemplo, la ley 1356, de la ciudad de Buenos Aires, dispone que los automotores no deben despedir más de 9 partículas de monóxido de carbono por millón, pero se ha podido verificar la existencia de áreas urbanas en las que esa concentración llega a la cifra de 60 por millón.

También es ineludible consignar que las autoridades porteñas poco o nada pueden hacer para remediar esa situación negativa. Las disposiciones que, so pretexto de preservar los intereses del Estado nacional, restringen la autonomía porteña, ponen fuera de su jurisdicción a las líneas de transporte que tengan alguna de sus cabeceras fuera del territorio capitalino. A ello se suma que también polemizan las jurisdicciones local y nacional respecto de los controles de alcoholemia a los conductores de ómnibus de larga distancia, al parecer no todo lo rigurosos que debiesen ser.

Ha llegado el momento, pues, de que ambas se pongan seriamente de acuerdo para intensificar y tornar más exigentes todos esos controles, animándolos de la sincera intención de tornarlos eficientes. Tampoco habrá que olvidar que esa fiscalización consciente e ininterrumpida debe abarcar, asimismo, a los automóviles y los camiones que por aquí circulan. Más allá de indolencias y trabas, las autoridades deberían tomar nota de que en esta cuestión está en juego la salud pública y proceder de acuerdo con ello.

La Nación
Lunes 25 de Enero de 2010

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