Por: Fernando Iglesias
Fuente: Diputado nacional (CC)

Dos de los países más similares en la geografía y la historia del mundo, la Argentina y el Uruguay, han atravesado un desgastante conflicto cuyas repercusiones negativas en lo económico, lo político y lo social son incalculables. Su razón de origen es bien simple: a quince años de la declaración fundacional de Foz de Iguaçú, el Mercosur carece aún de una legislación ambiental común que establezca los estándares que deben ser respetados en todo su territorio y evite así cualquier forma de dumping ecológico, laboral o fiscal por parte de las grandes multinacionales.

Es cierto que el fallo de la Corte Internacional de La Haya abre una oportunidad para superar esta impasse. Sin embargo, la verdadera cuestión es si la región volverá a confiar en la desactualizada estrategia de los tratados internacionales, las diplomacias beligerantes y los ejecutivos personalistas o aprovechará la crisis como un disparador para avanzar en la integración regional, esa doncella a la que pocos le niegan una linda serenata pero con la que nadie quiere casarse.

Si es así, si la dirigencia regional está preparada para apostar por la integración con algo más que palabras, el fallo de la Corte debería ser seguido por la creación de una agencia ambiental del Mercosur integrada por representantes parlamentarios de todos los países del bloque, asesorada por los mejores expertos en el tema, con participación de las organizaciones de la sociedad civil involucradas y bajo la supervisión directa del Parlamento del Mercosur y su comisión medioambiental.

Su objetivo inmediato debería ser el establecimiento de los estándares ecológicos que deben respetarse en la planta de Botnia y de un sistema de monitoreo permanente. Luego de lo cual se podría extender la aplicación de esta legislación a todas las pasteras del bloque, con aprobación del Parlamento del Mercosur y ratificación de los parlamentos nacionales.

Finalmente, la Agencia Ambiental del Mercosur debería establecer una legislación ambiental regional que concilie las exigencias económicas y ambientales, ocupándose de armonizar las diferentes legislaciones nacionales, evitando la imposición de doble estándares ambientales entre nuestros países y el mundo avanzado y proponiendo soluciones equilibradas y democráticamente decididas a los principales problemas ecológicos de la región: la deforestación incontrolada, la contaminación de cuencas acuíferas, la desertificación del territorio y la polución acústica y atmosférica de las grandes metrópolis. El conflicto por las pasteras no es solo un problema sino una oportunidad: la de disminuir el déficit institucional del Mercosur combatiendo el hiper-presidencialismo existente, desarrollando las instituciones parlamentarias y jurídicas comunes y apuntalando la construcción de una democracia regional que evite la repetición de conflictos y promueva los derechos de los ciudadanos sudamericanos. En este esquema, resulta vital complementar el cumplimiento del compromiso de los gobiernos de llamar a elección directa de representantes al Parlasur con la paulatina delegación de facultades legislativas al parlamento regional en los muchos e importantes asuntos que trascienden los ámbitos nacionales.

Clarín
Miércoles 28 de Abril de 2010

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