En los largos meses de espera por el fallo de La Haya no había en Arroyo Verde (el punto en que ha sido cortada la ruta internacional) más que un puñado de vecinalistas de Gualeguaychú. En ocasiones, como lo registró la prensa, hasta menos que eso. Esta escasez de manifestantes es reveladora del letargo de la Asamblea Vecinal, que facilitaba cualquier esfuerzo moderado, pero firme por parte del poder público para poner fin al corte.

Ese cuadro favorable quedó atrás, y ésta es una consecuencia directa del contenido del fallo o, más precisamente, del modo en que al menos una parte importante de los vecinalistas ha leído el fallo. En efecto, como es sabido, el Tribunal declaró que Uruguay había incumplido con el Tratado del Río Uruguay.

Para los asambleístas, esto significa que la instalación de Botnia es ilegal. Esta ilegalidad no se desprende en absoluto ni del espíritu ni de la letra de los jueces de La Haya, pero en la evaluación de la ACAG se afirma expresamente "la declaración de ilegalidad de Botnia por parte de la Corte". Para la Asamblea la planta es ilegal y, por ende, debe ser removida.

El lector recuerda, sin duda, el otro punto relevante del fallo: no hay ninguna evidencia de daño ambiental ni de que la planta no haya sido construida con la mejor tecnología disponible. Bien, ¿entonces? Más allá de que los vecinalistas lo crean o no, lo cierto es que, en última instancia, no les importa. Lo que quieren es que esa planta sea removida de allí, contamine o no contamine.

La interpretación que han hecho del fallo (que Uruguay violó el Tratado y que la planta es ilegal y debe irse) encaja bien en esta tesitura intransigente. Se puede entender, entonces, por qué el fallo, al reprobar a Uruguay sus fallas procedimentales, avivó el furor contestatario de los asambleístas, como se hizo patente el pasado domingo 25.

Por lo menos de una parte de ellos, si se quiere, una expresiva minoría. En el eco del pronunciamiento del Tribunal, Alfredo De Angeli, más conocido ahora por su activismo como productor agropecuario, dejó ver un matiz significativo en su posición, al declarar que el corte seguirá no hasta que Botnia sea removida, sino hasta que haya certezas de un estricto monitoreo que haga posible la suspensión del funcionamiento en caso de contaminación. No interesa aquí juzgar la coherencia de la propuesta, sino señalar que será desestimada por claudicante por muchos asambleístas para quienes Botnia y el corte son las dos caras de una misma moneda.

Ciertamente, el fallo ha creado un contexto favorable a la solución de este tristísimo diferendo entre Uruguay y la Argentina. Y, ciertamente, la posición de los asambleístas carece ya de la aprobación de otrora entre los argentinos. Pero a la búsqueda de la solución, precisamos identificar los rasgos del conflicto, y un vecinalismo reavivado es uno de ellos.

No es seguro que en la próxima asamblea de la ACAG se imponga la posición mayoritaria, favorable al levantamiento del corte. En tal caso, si los poderes públicos no se disponen a llevar a cabo la muy poco agradable tarea de liberar la ruta y el puente internacional, Uruguay y Argentina deberán imaginar soluciones para el diferendo, a pesar del corte.

El autor es investigador del Conicet y miembro del Club Político Argentino.

La Nación
Viernes 30 de Abril de 2010

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