El Gobierno porteño notificó a 1.200 familias que viven en villas a la vera del Riachuelo, que deben desalojar sus viviendas para poder construir un camino sobre la orilla, tal como ordenó la Corte Suprema, y estalló una polémica . Es que aún no avanzaron los cuatro complejos que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debe construir para reubicar a esas familias. Por eso ayer el juez porteño Roberto Gallardo, enfrentado con la gestión macrista, dictó una medida cautelar frenando cualquier posibilidad de desalojo.

Un camino que ordenó la Corte Como parte del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que le ordenó a la Nación, la Provincia y la Ciudad que lleven adelante un plan para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, las jurisdicciones deben construir un “camino de sirga”. Según establece el Código Civil, se trata de una calle pública de 35 metros que debe correr a la orilla de los cursos de agua. Pero a la orilla de toda la cuenca Matanza-Riachuelo hay numerosas villas y asentamientos y se estima que viven 3 millones de personas. El Gobierno porteño notificó a las 1.200 familias que viven en asentamientos y villas porteños. Por otra parte, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) ayer le presentó a la Corte un informe sobre el avance de las obras de saneamiento.

Desde abril, 1.200 familias recibieron cédulas firmadas por el subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Sergio Agostinelli, avisándoles que deberán desalojar sus viviendas a la vera del Riachuelo. “El juez que interviene en la causa del saneamiento de la Cuenca nos obligó a avisarles a todos los que están en la traza del camino de sirga (ver Un camino ...) que se deberán ir. Sólo intimamos con plazos a las empresas. A los habitantes de villas no, porque antes les tenemos que dar una solución habitacional. Y esos tiempos están relacionados con los fondos del Gobierno Nacional para el plan federal de viviendas”, explicó el ministro Daniel Chaín.

El IVC y la Nación tienen cuatro planes para construir viviendas para las familias afectadas. “El IVC todavía no construyó una sola de las viviendas –afirmó la legisladora porteña Laura García Tuñón, de Proyecto Sur–. La Corte ordenó hacer el camino de sirga y desalojar las villas, pero también que el Gobierno porteño tiene que disponer de fondos para construir viviendas para relocalizar a las familias”.

Ayer el juez Roberto Gallardo le dio lugar a un amparo presentado en nombre de los vecinos. “Dicté una medida cautelar de no innovar que impide fórmulas directas o indirectas de desalojo, porque no hay propuestas de reubicación de la gente –detalló–. Es evidente que se van a tener que ir del lugar , porque es insalubre, pero antes deben darles una solución habitacional”.

Por la tarde, Chaín, su par de Espacio Público, Diego Santilli, y el titular del IVC, Omar Abboud, informaron sobre los avances del plan de saneamiento de la cuenca ante la Comisión de Ecología de la Legislatura, donde la oposición los acusó de evitar dar precisiones . “El avance principal no depende de la Ciudad, que tiene 11 kilómetros de una de las márgenes del Riachuelo –dijo Chaín–. De hecho, el 60% del camino de sirga de esa margen ya está hecho”.