Mariana Verón
LA NACION

El Gobierno decidió denunciar penal y civilmente a un grupo de asambleístas de Gualeguaychú y optó por no hacer efectiva la orden de liberar el puente fronterizo con Uruguay por considerar el fallo que así lo ordenaba, que firmó anteayer el juez Gustavo Pimentel, "elíptico", falto de "contundencia" y de "cumplimiento imposible".

El magistrado había ordenado anteayer, a las 16, liberar la ruta 136, basado en tres resoluciones judiciales anteriores (dos de 2006 y una de 2007), que, según su fallo, no se habían cumplido porque el Gobierno entendió entonces que no era la oportunidad política para hacerlo. La que reclamó la semana pasada que interviniera la Justicia fue la presidenta Cristina Kirchner.

La denuncia de la Casa Rosada incluye 18 delitos, entre ellos, homicidio culposo, además de amenazas agravadas, daños a bienes públicos, intimidación pública, apología del delito, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.

La demanda por homicidio culposo está relacionada con la muerte de Walter Maulucci, un joven 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado que estaba cruzado sobre la ruta 136, en abril del año pasado.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue el encargado de anunciar que el Estado se convertía en querellante. Habló ante los medios sin permitir preguntas y dio un informe que de a ratos debió leer. Se lo notó nervioso. Lo acompañó el ministro de Justicia, Julio Alak, que no habló.

A lo largo de su monólogo, Fernández no dio los nombres de las personas denunciadas ni la cantidad. LA NACION pudo saber que son entre diez y doce los ambientalistas demandados y, según confió un alto funcionario de la Casa Rosada, uno de ellos sería Juan Ferrari. "Son todos los líderes, los que están siempre en los medios", agregó una fuente oficial.

Al cierre de esta edición, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, se encontraba reunido con Pimentel en Concepción del Uruguay para presentarle la denuncia del Gobierno que horas antes había anunciado Aníbal Fernández. Da Rocha debió viajar en auto a Entre Ríos después de reunirse con la Presidenta en la quinta de Olivos.

En ese reservado cónclave, que comenzó a las 11.30, se decidió un notable cambio de estrategia. Anteanoche, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había convocado a los medios a su despacho para ratificar que el Gobierno cumpliría el fallo de Pimentel con la notificación de la Gendarmería a los manifestantes.

Pero lo más evidente ocurría en la mañana de ayer. Alak ratificaba esa posición así: "El Gobierno va a hacer cumplir [el fallo] a través de las fuerzas de seguridad federales. Hay una orden judicial expresa, clara y contundente", declaró el ministro a Radio 10, en abierta contradicción con lo que horas más tarde opinó Aníbal Fernández. Finalmente, las fuerzas de seguridad nunca aparecieron por el paraje conocido como Arroyo Verde.


Alzamiento

"Esto es un claro alzamiento. Los ocupantes del puente tienen actitudes radicalizadas y violentas", sostuvo el jefe de Gabinete, y arremetió contra la Justicia. "En el escrito de ayer no hemos tenido una decisión contundente. La orden fue elíptica", opinó. "Tenía conclusiones globales sin contundencia y era de imposible cumplimiento", se quejó al final.

El jefe de Gabinete dijo, además, que el corte de ruta impedía hacer el monitoreo ambiental conjunto que ordenó el fallo de la Corte de La Haya. "Esta conducta impedirá el control de la planta [de UMP, ex Botnia] -sentenció y criticó a los asambleístas-. Que nadie se arrogue el derecho de violar un fallo internacional." Si bien el funcionario condicionó el monitoreo ambiental al levantamiento del corte, nada sostuvo La Haya en ese sentido y tampoco el gobierno de José Mujica.

Según comentaron a LA NACION altas fuentes oficiales, el cambio de rumbo se tomó a media mañana. La excusa para hacer la denuncia penal y civil fueron, según un ministro, las declaraciones "desafiantes" de los manifestantes que anunciaron que no firmarían ninguna notificación que hiciera la Gendarmería.

En la reservada mesa de Olivos en la que se decidió la nueva embestida estuvieron la Presidenta, Fernández, Alak, Da Rocha, Carlos Zannini y el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone. Terminó a las 14.

De allí, el procurador se llevó videos, recortes de diarios, frases y fotos de los denunciados, que presentaba anoche, bajo estricto secreto, ante el juzgado de Pimentel

La Nación
Jueves 10 de Junio de 2010

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