Tras varios años de ir contra la corriente y la sensatez, el gobierno nacional pretende ahora hacerle creer a la ciudadanía que siempre ha estado en contra del bloqueo del puente que conecta Gualeguaychú con Uruguay en protesta por la instalación de la pastera en Fray Bentos.

Es una falta de respeto que, después de cuatro años de aliento explícito a una medida de fuerza que no podía ni puede ser apoyada por ningún gobierno democrático, proclame en estas horas la necesidad de convencer a los ambientalistas de que depongan su actitud contraria al derecho bajo la amenaza de denunciarlos ante la Justicia.

Lo curioso es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aparentemente más interesada en reconciliarse con Uruguay desde que asumió la presidencia de ese país José "Pepe" Mujica que su marido durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se rehusó a desalojar por medio de la Gendarmería la ruta que conduce al puente binacional, pese a que así lo exigía el fallo de un juez. El próximo paso será demandar a quienes impiden la circulación por el puente, lo cual, en lugar de ser coherente con el gobierno de su marido, es totalmente contradictorio: el mismo canciller argentino de ambos gobiernos, Jorge Taiana, había señalado ante la Comisión Arbitral del Mercosur que la Argentina interpreta los cortes de rutas como apéndices de la libertad de expresión que rige en el país. Esa falacia choca ahora contra la realidad.

El doble discurso oficial ha quedado en evidencia. Por un lado, la Presidenta y varios de sus funcionarios responsabilizaron días atrás a la Justicia por no hacer supuestamente nada por el levantamiento del corte, desconociendo que, en los últimos cuatro años, hubo tres resoluciones de la justicia federal en las cuales se ordenaba liberar el tránsito. Por si el Poder Ejecutivo no se dio por enterado de esas órdenes judiciales, hace 48 horas el juez federal Gustavo Pimentel dictó otra, en la que recuerda que la Gendarmería cuenta con todas las atribuciones para ejecutarla. Una vez más, el Gobierno pareció desconocer a la misma Justicia a la que días antes le reclamaba que no hacía nada.

En Gualeguaychú, más allá del fallo favorable a Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, se insiste en que la planta de pasta celulosa instalada en la orilla de enfrente del río Uruguay es contaminante y, por eso, un sector de la población se resiste a deponer las banderas. Es otra falacia, como si cada uno pudiera hacer justicia por sí mismo en un país en el cual reina la anarquía. No es así, desde luego.

El bloqueo del puente es demonizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, otro de los ministros todoterreno de este gobierno y la mayoría de los anteriores, desde los tiempos de Carlos Menem, que ha cambiado rápidamente de parecer sobre este tipo de medidas de fuerza, siempre criticadas desde estas columnas más allá de quiénes fuesen sus promotores.

Ahora resulta que la Justicia debe tomar cartas en el asunto, lo cual hasta hace un tiempo era una invitación a la represión cursada por la derecha más retrógrada. En ese momento, el entonces presidente Néstor Kirchner convocaba en Gualeguaychú a los gobernadores y, de ese modo, bendecía a los asambleístas.

Es entendible, más allá de la existencia de infaltables agitadores, la confusión que reina entre aquellos que se opusieron a la posibilidad de que una fábrica de celulosa se instalara frente a sus costas. Tras el veredicto de La Haya, el Gobierno se opuso al desalojo del puente. Tampoco es la solución que, de buenas a primeras, reprima a los mismos que recibieron el espaldarazo para mantenerse firmes en su erróneo proceder.

A nadie beneficiaría que algo que el gobierno de Néstor Kirchner manejó mal termine peor en el gobierno de su mujer. Es mucho más que la reapertura de un puente lo que está en juego. Es la recomposición de la relación con el país del cual la Argentina jamás debió alejarse, al margen de las diferencias que pueda haber tenido por la instalación de esta pastera y otras. Hasta ahora, el gobierno de Mujica ha guardado silencio porque considera, con razón, que la Argentina debe resolver sus problemas sin participación externa.

Lo importante es que el apego a la ley que pretendió exhibir en los últimos días el gobierno argentino no sea un gesto forzado por un fallo internacional o por la necesidad coyuntural de limar asperezas con Uruguay, sino fruto de la convicción. No se trata sólo de cumplir con un fallo. Se trata de empezar a ser respetuosos de la ley.

La Nación
Viernes 11 de Junio de 2010

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