Nelson Fernández
Corresponsal en Uruguay

MONTEVIDEO.- Aunque evitó los pronunciamientos sobre la posibilidad de habilitar inspecciones dentro de la polémica planta de celulosa, el gobierno uruguayo recibió con agrado el anuncio de los asambleístas de Gualeguaychú sobre un posible levantamiento del corte de puente fronterizo.

"Hoy temprano fuimos informados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, y el gobierno, obviamente, sigue de cerca este asunto, pero la decisión del presidente es que hay un único vocero para el tema, que es el canciller, y así se lo transmitimos en su momento al gobierno argentino", dijo a LA NACION el secretario de la Presidencia, Alberto Brescia. Aparte de eso, ningún comentario.

¿Uruguay estará dispuesto a permitir el monitoreo dentro mismo de la planta de UPM (ex Botnia)? La pregunta fue dirigida a varios funcionarios del gobierno, pero la respuesta fue siempre la misma: el silencio.

El canciller Luis Almagro, que es el vocero designado, está de misión oficial en Vietnam y no pudo ser consultado. Partió a ese país el sábado y volverá la semana próxima.

Las conversaciones con funcionarios de gobierno que pidieron reserva de su nombre dejaron en claro que hay satisfacción por el resultado de la estrategia del presidente y que se entiende que se está cerca de un entendimiento, incluso más cerca de lo que se creía unos días atrás.

Eso no implica que Uruguay haya decidido acceder a ese cuestionado monitoreo interno en la misma fábrica, aunque el rechazo cerrado que había hasta hace poco ya no se expresa como tal. En los corrillos políticos circuló la pregunta sobre eventuales obstáculos jurídicos a esa alternativa, lo que en los hechos podría conspirar contra un acuerdo, más allá de la voluntad política.

Fuentes diplomáticas dijeron que cuando se consideró ese pedido argentino durante el gobierno de Tabaré Vázquez se entendió que era inaceptable desde el punto de vista político, de la soberanía del país y por el alcance de los compromisos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), pero no porque hubiera impedimentos legales.

La inversión de Botnia para planta de celulosa con terminal marítima propia, que fue comprada luego por UPM, está amparada por un tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Finlandia, pero eso no impide que se pueda realizar algún tipo de inspección.

"Es un tema político, porque si Uruguay permite que se esté manoseando a la empresa y se le dificulte su operativa, eso conspira con la protección de la seguridad jurídica. Pero no debería ser problema que algún técnico entrara a la planta para una determinada verificación", comentó uno de los informantes.


El control interno

Lo que no está claro es en qué podría consistir un monitoreo interno. "Los controles se deben efectuar en el agua del río, en el entorno ambiental, analizar si hay un impacto negativo, lo que se analiza con estándares internacionales. Pero ¿qué pueden medir adentro?", comentó un funcionario vinculado a la negociación durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

Por su parte, Omar Lafluf, el intendente reelecto de Río Negro, donde está la planta cuestionada, cuestionó la "flexibilización" ofrecida por los asambleístas de Gualeguaychú y reclamó una solución definitiva. "Si hay una decisión de levantar el corte, que lo hagan; no podemos vivir en la incertidumbre, armar todo de nuevo, instalar todos los negocios en el puente para que en 60 días se arme el piquete de nuevo", dijo.

En cambio, el gobierno nacional ve con buenos ojos el levantamiento temporal del corte, porque confían en que luego del paréntesis no se pueda reinstalar el piquete. "Las autoridades argentinas no quieren reprimir y Mujica está de acuerdo, porque lo que importa es una solución que deje un clima habitable", razonó un legislador oficialista.

La Nación
Martes 15 de Junio de 2010

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