Marcelo Veneranda
Enviado especial

GUALEGUAYCHU.- Un día después de que los asambleístas de esta ciudad se mostraran por primera vez dispuestos a levantar el corte de la ruta 136, que ya lleva más de tres años, la respuesta del gobierno nacional fue ir más a fondo y mostrar que no está dispuesto a otorgar ni un momento de respiro a la protesta contra la papelera UPM (ex Botnia).

Ayer, el medio elegido para presionar a los ambientalistas fue el Escuadrón 56 de la Gendarmería Nacional, que presentó ante la asamblea la orden judicial que dispone liberar el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde está construida la planta, e identificó a siete de sus integrantes.

Los asambleístas recibieron a las fuerzas de seguridad con la barrera vehicular en alto y se negaron a firmar el acta del procedimiento. Una vez terminado el operativo, volvieron a bajar la barrera para cerrar el paso hacia el puente General San Martín y aumentó el número de vecinos en el corte.

El fallo comunicado por la Gendarmería había sido dictado hace una semana por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que intenta garantizar el libre tránsito por la ruta internacional 136. La asamblea se opone a la pastera UPM, ubicada sobre las costas del río Uruguay, por considerar que contamina.

La medida judicial, originada en una denuncia presentada por comerciantes de esta ciudad, se remite a recordar la vigencia de otras tres órdenes similares dictadas entre 2006 y 2007, que no fueron ejecutadas por el Gobierno.

La notificación la hizo el comandante Carlos Arias, jefe del Escuadrón 56 de Gualeguaychú, que arribó a Arroyo Verde a las 10.20, acompañado por nueve personas, entre auxiliares, fotógrafos de la fuerza y dos jóvenes testigos. El gendarme se encontró con la barrera elevada, la cadena pendulando en el viento y ningún vehículo ni asambleísta sobre la ruta. La lluvia lo obligó a refugiarse en el salón que la Asamblea Ambiental montó sobre el kilómetro 28 de la ruta 136, donde lo esperaban unas 20 personas.

Un subalterno se encargó de leer el fallo del juez Pimentel, quien exhortó a abandonar el corte y argumentó que supeditar el cese de la protesta al desmantelamiento de Botnia "deviene desproporcionado e irrazonable", en cuanto esa decisión no depende del Estado argentino.

Tras leer el fallo, que demandó media hora, los gendarmes identificaron a siete de los asambleístas presentes, los más mediáticos: José Pouler, Jorge Fritzler, Cira Muñoz, María Elena Marchioli, Luis Leissa, Osvaldo Fernández y Paula Robles. Ninguno de ellos aceptó firmar el acta.

Los dos jóvenes testigos, que llegaron con las cabezas cubiertas con gorras y capuchas, llamaron la atención de los asambleístas, quienes no los reconocieron como vecinos de la ciudad. Incómodos, los testigos se mostraron menos interesados por el procedimiento que en el televisor del refugio, donde se proyectaban las imágenes el partido Japón y Nigeria, por el Mundial. Según pudo saber LA NACION, los jóvenes se encontraban ayer en el escuadrón, trabajando en una instalación de gas, cuando fueron invitados a acompañar a Arias.

El comandante sostuvo que no había recibido ninguna indicación de la Justicia sobre la denuncia penal del Gobierno. También manifestó que había esperado a que se "calmara el clima político" para notificar la orden del juez Pimentel y negó que la Gendarmería hubiera movilizado efectivos adicionales a la zona.

Al concluir el operativo, los abogados de la asamblea, Leissa y Fernández, minimizaron sus consecuencias. "Se ha dejado constancia de que la ruta estaba liberada. Creemos que éste es un problema político, no judicial. La solución está en manos de los presidentes de ambos países", indicó Fernández. También señaló que la asamblea le solicitó una audiencia al juez Pimentel, a través de una carta abierta.


La asamblea

Según Leissa, el objetivo de esa reunión sería tener conocimiento de la causa y dar a conocer al juez la postura de los asambleístas, quienes sostienen como origen y causa única del conflicto la desobediencia del tratado del río Uruguay por parte del gobierno de ese país.

Tal como anticipó ayer LA NACION, único medio presente en la asamblea del domingo, Leissa confirmó que mañana se evaluará la posibilidad de levantar el corte si se establece un control binacional del impacto ambiental de Botnia dentro de la propia planta. La votación de esa iniciativa se hará en una asamblea ampliada, a la que fueron invitados todos los gualeguaychuenses.

A la vez, LA NACION concurrió ayer a los tribunales federales de Concepción del Uruguay, donde fuentes de la causa indicaron que el decreto presidencial utilizado para acusar por 18 delitos penales a los líderes de la asamblea fue comunicado el sábado por la tarde, y no ayer, como se había indicado desde la Casa Rosada.

La Nación
Martes 15 de Junio de 2010

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