Argentinos y uruguayos esperan mayoritariamente que, hoy, los asambleístas de Gualeguaychú que se oponen a la pastera Botnia levanten definitivamente el corte de la ruta que une esa ciudad con Fray Bentos y lleva más de tres años.

Los mensajes conciliadores del presidente uruguayo, José Mujica, ofrecen alguna garantía de un efectivo monitoreo tendiente a evitar la contaminación del río Uruguay y abren una puerta para que los manifestantes entrerrianos depongan su ilegal actitud.

La discusión, sin embargo, no debería terminar con el cese del corte de la ruta 136. Así como las autoridades uruguayas deben ejecutar su compromiso de velar por la no contaminación, también el gobierno argentino y los asambleístas deberían efectuar una autocrítica por los graves perjuicios que durante todos estos años ocasionó la medida de fuerza.

Las autoridades nacionales no pueden negar a estas alturas que su tardía reacción frente al corte no puede ocultar el hecho de que durante demasiado tiempo alentaron una actitud contraria al derecho.

El reciente decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que instruye al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, para iniciar acciones penales contra los asambleístas de Gualeguaychú podría tener consecuencias insospechadas -no por ello adversas para la vida de la República- si los manifestantes cumplieran con su amenaza de acusar a las autoridades nacionales y provinciales de ser, ellas mismas, partícipes necesarios de lo sucedido. En otras palabras, cómplices de los delitos por los que promueven las acciones penales. Los asambleístas harían públicos -denunciándolos explícitamente ante los tribunales- todos los apoyos políticos, dineros, favores, subsidios y contribuciones de cualquier tipo, ostensibles o encubiertos, con los que los funcionarios públicos pudieron haber estimulado y apoyado los cortes de rutas y puentes internacionales con fondos públicos.

Los cortes aludidos, por su intensidad, duración y hasta ensañamiento, son absolutamente inéditos entre nosotros. Pero la decisión de tolerarlos desde el Estado, pese a las tres claras sentencias judiciales dictadas oportunamente en ese sentido, también lo es.

Ocurre que el juramento sagrado de "hacer cumplir la ley" ha dejado de ser tomado como una obligación por las autoridades argentinas que, pese a ello, predican cínicamente la necesidad de "asegurar la gobernabilidad" sin que, para ellas, ese concepto incluya el respeto a la ley y la obligación consiguiente de asegurar la vigencia de las normas.

Si la amenaza de los asambleístas se cumpliera, habría una ola también inédita de sinceramientos. Porque, como consecuencia de las denuncias penales, finalmente, se sabría cuáles fueron las cabezas y los brazos impulsores de lo sucedido. Las enormes y frecuentes movilizaciones que se sucedieron a lo largo de los últimos años pudieron haber sido promovidas desde lo más alto del poder nacional y provincial.

Si la participación activa de funcionarios públicos en estos episodios se confirmara, estaríamos frente a un nuevo escándalo de proporciones que podría estar dando cuenta de un nuevo abuso de poder, burlando la buena fe de la ciudadanía.