Silvia Stang
LA NACION

De cada 10.000 trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos laborales, 82 iniciarían este año un juicio contra su empleador o su aseguradora. La cifra es 13 veces mayor que la de 2003, cuando 6,2 de cada 10.000 asegurados llevó su caso a la instancia judicial. La estimación fue realizada por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que prevé que, por el ritmo creciente que muestra en estos meses el ingreso de nuevas causas, este año cerraría con 64.821 demandas, un 56% más que las iniciadas en 2009, que fueron 41.538.

El incremento de la litigiosidad comenzó a darse a partir de los fallos de la Corte Suprema, que en 2004 declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 24.557, vigente desde 1996. Con una reforma legal pendiente para corregir la normativa adecuándola a las sentencias, en noviembre del año pasado el Gobierno elevó por decreto las indemnizaciones que les corresponden a los trabajadores.

A pesar de que en ese momento el Ministerio de Trabajo sostuvo que la medida reduciría la cantidad de juicios, al menos hasta ahora ese efecto no se dio.

Según explicaron los abogados Carlos Marín y Gonzalo Dabini, del estudio Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, Torassa, hay al menos dos motivos que explican que el número de demandas siga cuesta arriba: por un lado, dijeron, la mayoría de los reclamos que están llegando son por hechos que ocurrieron antes de la vigencia del decreto, ya que para hacer juicio por causas laborales hay un plazo de dos años.

Por otra parte, consideraron que mejorar las prestaciones -que es el efecto de la medida del Poder Ejecutivo- "era una parte de la solución", pero no la respuesta completa a la situación en la que quedó el régimen tras los cuestionamientos judiciales. En otras palabras: se considera que si bien hacía falta actualizar el valor de las prestaciones, también hacen falta cambios más amplios.

Uno de los puntos más fuertes de la ley que rechazó la Corte es la pretendida anulación del derecho de los trabajadores a demandar civilmente a su empleador por un accidente o enfermedad laboral, si existe la cobertura del seguro. Pero los juicios no sólo invocan ese reclamo, sino que también aumentan las causas por otros motivos, como las diferencias en el grado de incapacidad considerado, o por enfermedades que no están en el listado de las cubiertas por el seguro.


Pedidos por retroactividad

Por otra parte, Dabini explicó que a partir del decreto, que elevó de manera significativa y de un día para el otro las indemnizaciones, también se presentaron trabajadores a reclamar la aplicación retroactiva de los nuevos montos. Sin embargo, hasta ahora esos pedidos no tuvieron eco.

Para los abogados, el problema de la alta litigiosidad no se solucionará sin la reforma legal. Si bien el Gobierno, empresarios y sindicalistas están de acuerdo respecto de esa necesidad, la falta de consenso hizo que hasta ahora ningún texto se discutiera en el Congreso.

Por su parte, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio González Gaviola, dispuso pocos días atrás la creación de un registro de juicios, en el que las ART deberán volcar en forma detallada los datos de los litigios en su contra. La obligación regirá desde agosto y deberán informarse todos los juicios iniciados desde enero de este año.

Mientras que la medida no fue bien recibida entre abogados litigantes, para las ART es una buena herramienta de gestión. Según dijo Mara Bettiol, gerente general de la UART, se prevé que permitirá mejorar el diagnóstico sobre la siniestralidad y permitirá observar dónde se dan los focos de judicialidad.

En el último año, el sistema registró una caída del índice de accidentes: fueron 57,7 por cada 1000 asegurados, frente a la tasa de 65,3 por 1000 de 2008.