Pablo Tomino
LA NACION

Preavisos a empresarios sobre el momento en que recibirán una inspección; el celular de un inspector que suena para que desista de aplicar una clausura; abogados que ofrecen a dueños de boliches cómo evitar ajustarse a las reglas con el pago de una coima, y actas de inspección fraguadas bajo un título común que posibilita el engaño: "Local cerrado".

Estas y otras irregularidades, que llevan años, siguen ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, según revelaron a LA NACION numerosas fuentes vinculadas con el área de inspecciones porteñas en los últimos siete años.

Con la condición de no dar a conocer su identidad, las fuentes confiaron las serias fallas en los sistemas de controles, que quedaron evidenciadas con la caída de un entrepiso en el boliche Beara, en Palermo, donde hubo dos muertos, y, un mes antes, con el derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza, por el que perdieron la vida tres personas.

En la actualidad, en el gobierno de la ciudad hay 723 inspectores para realizar controles y habilitaciones de locales gastronómicos, pubs, comercios y obras en construcción y para verificar el estado de conservación de los alimentos, entre otras funciones. De ese total, unos 240 están afectados a la nocturnidad.

Según el gobierno local, esta gestión duplicó el número de agentes respecto de 2006, cuando Jorge Telerman era jefe de gobierno tras la destitución de Aníbal Ibarra. Los actuales funcionarios aseguran que, en total, hubo 20 casos de corrupción comprobados y que los agentes fueron cesanteados.

El nido de corrupción que perdura en el área de fiscalización del Estado, juntamente con la irresponsabilidad empresaria, responden a varias circunstancias que vale repasar, según se desprende de las declaraciones de las 14 fuentes consultadas por LA NACION. La primera es que la gran mayoría de los inspectores que alguna vez fueron sospechados de corrupción, incluso durante la gestión de Aníbal Ibarra, cuando ocurrió la tragedia de Cromagnon, siguen trabajando hoy en el gobierno de la ciudad.

¿Qué sucede? No le resulta fácil al gobierno echar a un inspector acusado de corrupción. El estatuto municipal dispone de una serie de condiciones, de testigos y de firmas que, al fin de cuentas, rara vez se obtienen.

Esta fue la principal causa por la que en 2003 Ibarra creó el Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), que reúne a inspectores sospechados de corrupción hasta asignarles una nueva tarea, sin renunciar a su salario. Algunos continuaron trabajando en el gobierno, como administrativos; a otros, sin una tarea específica, terminaron obrando cual "ñoquis".

Sin embargo, la gran cantidad de agentes que pasaron al RAD (más de 300, desde 2003 hasta hoy) fueron luego reubicándose en áreas cercanas a las inspecciones, incluso en la gestión de Mauricio Macri. Presiones de los gremios e imposiciones de la justicia laboral determinaron casos en los que algunos inspectores volvieron a ocupar sus cargos. O casi...

En 2007, Federico Young, primer director de la Agencia Gubernamental de Control (área que tiene a su cargo los inspectores) dijo que la Justicia le impuso reincorporar a varios agentes durante su año de gestión, pero que él había puesto en disponibilidad a otros 100 inspectores sospechados de corrupción. Y que sufrió una fuerte presión de los gremios estatales (sobre lo que se informa por separado).

Un caso testigo: el diputado porteño Raúl Fernández (Encuentro Progresista), que era jefe de gabinete de Aníbal Ibarra cuando ocurrió la tragedia de Cromagnon, denunció el miércoles de la semana pasada que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos tiene hoy empleado al inspector Roberto Calderini, que en 1997 había relevado el local donde luego funcionaría Reventón (boliche previo a Cromagnon) y recomendado su habilitación, pese a que la infraestructura no se condecía con los planos declarados.

Tras el incendio en el boliche de Once, Calderini fue procesado y embargado por 100.000 pesos, acusado de negociaciones incompatibles, por actuar en connivencia con empresarios que asesoraban a locales en cuestiones de seguridad, en una causa paralela a la de Cromagnon. Una de las principales pruebas contra Calderini fue el hallazgo de su nombre, como destinatario de dinero, en uno de los asientos contables de las empresas investigadas.

La causa judicial contra Calderini prescribió por el paso del tiempo. En tanto, la administración porteña había derivado al inspector al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD). Ahora, según denunció Fernández, ese empleado ejerce funciones en el área de Habilitaciones; Martín Farrell, el director general de esa área, admitió el miércoles pasado que es así, aunque, aclaró, "no sale a la calle a inspeccionar".


Ordenes, vía celular

Otro punto conflictivo es cómo se han relajado los controles. Según las fuentes consultadas por LA NACION, esta situación se evidenció en la Agencia Gubernamental de Control principalmente durante la gestión de Raúl Oscar Ríos, que asumió en enero de 2010. Ríos, un dirigente de Boca cercano a Mauricio Macri, fue echado por el jefe de gobierno tras la tragedia de Villa Urquiza cuando, en pleno rescate de las víctimas, Ríos participaba de una reunión en la Bombonera para resolver el contrato del futbolista Riquelme.

Los funcionarios consultados, que conocen el área al detalle, contaron que durante el mandato de Ríos hubo situaciones que posibilitaron un mensaje confuso para los inspectores de calle: algunos recibían llamadas de superiores, de mandos medios, indicando que no clausuraran tal o cual lugar. "Cuando se cruza esta barrera, si no renuncia al cargo, hay dos opciones: que el inspector no vuelva más a verificar ese lugar o que sea éste quien pida la coima", contó una fuente.

La directora de Fiscalización y Control de la ciudad, Vanesa Berkowski, que comenzó como inspectora en la gestión de Ibarra, dijo que "no tenía conocimiento de esa situación".

Cuando Ríos fue echado, el gremio lo respaldó. LA NACION intentó hablar con Ríos, pero éste no quiso referirse al tema. Sí lo hizo un ex asesor del funcionario, que pidió reserva de su nombre. "Las inspecciones eran programadas y nadie interfería en esa decisión. No se relajaron los controles. Lo que pasa es que había una interna feroz para sacar a Ríos, que mantuvo a varios funcionarios que estuvieron desde el primer momento en la Agencia Gubernamental de control", dijo el vocero.

La misma fuente aclaró que los gremios apoyaron a Ríos porque les dio muchos "beneficios laborales".

Otra figura tramposa en la que se escudan los controles irregulares es la de "local cerrado", como escriben los inspectores en las actas de verificación. De esa manera queda asentado que se concurrió al lugar, pero que no fue posible concretar la inspección. Así, el inspector no pone en riesgo su firma con un acta falsificada, donde debería consignar que "no presentaba irregularidades" un boliche que, por caso, en un futuro pueda convertirse en escenario de una tragedia.

"Cuando uno lee en las planillas oficiales, de manera recurrente, que hay numerosos locales cerrados, es motivo para citar a un inspector y preguntarle cómo puede ser que, por ejemplo, un pub sospechado de boliche encubierto en Las Cañitas esté cerrado a las 2 o 3 de la mañana de un viernes", contó un funcionario de la AGC.

Hay más: distintas fuentes confirman la existencia de un grupo de abogados jóvenes, conocidos en el ambiente de la noche, que asesoran a empresarios de los boliches y ofrecen, a cambio de dinero (el cachet iría entre los 5000 y 25.000 pesos), evitar clausuras por parte de la ciudad, obtener habilitaciones transitorias y mantenerse al margen de los requerimientos que exige la ley. Estos abogados dicen tener contactos con funcionarios de la ciudad y que pueden actuar en consecuencia.

LA NACION le suministró al gobierno porteño toda la información recogida sobre este tema, pero ningún funcionario quiso opinar. Tampoco indicaron cuántos agentes están hoy en el RAD.

La Nación
Jueves 23 de Septiembre de 2010

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