Gustavo Carabajal
LA NACION

A pesar de que la Justicia condenó a seis imputados, nadie quedó preso por el incendio en la disco República Cromagnon, ocurrido en 2004 en la zona de Once, donde murieron 194 personas.

En febrero pasado, la Cámara de Casación Penal debe decidir si deja firme esas condenas, pero los familiares de las víctimas dijeron a La Nacion que temen que el tribunal cambie la calificación del delito, al considerar que se trató de un estrago culposo seguido de muerte y no estrago doloso seguido de muerte, tal como sostuvieron tres jueces que estuvieron a cargo del juicio oral.

Pasaron seis años y todavía no se resolvió ninguno de los sumarios abiertos contra los doce funcionarios del gobierno porteño que permitieron que el local funcionara con la habilitación vencida.

"Mi temor sobre que la Cámara de Casación cambie la resolución del Tribunal Oral N° 24 no se fundó en ningún indicio racional, pero tiene una base sólida a partir de todo lo que ocurrió con la causa en los últimos años. Fíjese que la Sala V de la Cámara del Crimen declaró 40 prescripciones en la investigación de la denuncia por asociación ilícita contra funcionarios del gobierno porteño que cobraban importantes sumas de dinero para habilitar locales que no tenían las condiciones de seguridad para funcionar", expresó el abogado José Iglesias, padre de Pedro, una de las 194 víctimas de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004.

En agosto de 2009 fue condenado a 20 años de prisión porque el tribunal lo consideró responsable de estrago doloso seguido de muerte. A pesar de la dura condena, Chabán no fue preso, debido a que los jueces sostuvieron que no correspondía ordenar la detención hasta que se agotarán las instancias de apelación y la sentencia quede firme.

Pero, el posible cambio de la calificación delictiva, de estrago doloso a culposo, podría beneficiar a Chabán; a Diego Argañaraz, manager del grupo Callejeros, y al subcomisario Carlos Díaz. Los dos últimos habían sido condenados a 18 años de prisión por el mismo delito que Chabán, y como el estrago culposo seguido de muerte tiene una pena de un mes a cinco años de prisión, ninguno de los tres imputados irían a la cárcel.


Temores de familiares

"También tengo miedo de que la Cámara de Casación decida que la pena de dos años de prisión que le impusieron a las dos únicas funcionarias del gobierno porteño que fueron condenadas, Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández, sean de cumplimiento condicional y no efectivo", agregó Iglesias.

En su resolución de agosto de 2009, los jueces María Cecilia Maiza, Marcelo Alvero y Raúl Llanos recomendaron a los diputados de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja que "evalúen aumentar considerablemente las penas establecidas para el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público".

Según la norma vigente, ese delito tiene una pena máxima de dos años de prisión y fue lo que le aplicaron a Fiszbin y a Fernández. A pesar de la sugerencia, el proyecto elaborado por un grupo de legisladores de la oposición que dispone el agravamiento de las penas para los funcionarios que cometan delitos y el aumento de los plazos de prescripción, nunca llegó a tener estado parlamentario. Ni siquiera fue analizado o debatido en ninguna comisión.

Nada pasó con las investigaciones paralelas que se abrieron a partir de la tragedia de Cromagnon. Nadie fue imputado en la causa de la asociación ilícita. Ninguno de los funcionarios que permitió que Cromagnon funcionara con la habilitación vencida ni aquellos que concedieron la autorización para abrir sus puertas sin revisar que los planos presentados eran falsos, fue preso o resultó sancionado.

Nadie quedó procesado o preso por su responsabilidad en las irregularidades cometidas durante el operativo de rescate.

Quedó para 2011 la definición sobre las condenas y la realización de un segundo juicio oral para otros cinco imputados, entre los que figuran tres importantes ex funcionarios del gobierno porteño, el dueño del local y un comisario de la Policía Federal.