Debería se materia de preocupación la información publicada por la Cancillería sobre el demorado cumplimiento del mandato de los presidentes de la Argentina y del Uruguay, dado el 2 de junio de 2010, para que en el término de 45 días las respectivas delegaciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) acordaran los términos y criterios para la puesta en marcha de un plan de vigilancia para la planta Botnia-UPM y un plan de prevención y control de la contaminación del Río Uruguay . También preocupa que la información publicada ahora muestra que el Uruguay, que según el fallo de la Corte de la Haya ya incumplió sus obligaciones procesales en la CARU, ahora sea renuente para reconocer los hechos que verifica el Comité Científico.

Supimos que el plazo para acordar el plan de monitoreo no se había cumplido cuando, el 28 de julio, los presidentes y sus cancilleres decidieron formar en la CARU un Comité Científico integrado por dos científicos uruguayos y dos científicos argentinos, cuya función es monitorear el Río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río Uruguay y sus áreas de influencia.

Ahora, en enero de este nuevo año, sabemos que el 2 de noviembre pasado se venció el plazo del Comité Científico para presentar proyectos específicos de planes de monitoreo, que ese plazo fue extendido por diez días, y que el 17 de noviembre la CARU le otorgó al Comité un nuevo plazo que vence el próximo 2 de febrero.

Entre tanto, el 14 de noviembre los cancilleres aprobaron un resumen ejecutivo de planes específicos de monitoreo de la Planta Orión y de la desembocadura del Río Gualeguaychú. Ese resumen, que también fue aprobado por la CARU el 16 de noviembre, y que se ha publicado en el sitio web de la CARU, confunde porque es extractado de un documento mayor, no esclarece cuáles son los entendimientos y qué está pendiente y parece requerir la adopción de un acuerdo futuro que los gobiernos celebrarían por canje de notas.

En la información que ahora hemos conocido hay un importante volumen de datos sobre los efluentes que descarga Botnia, que requieren un análisis técnico para el que no estoy capacitado. Contiene también un significativo aporte de información sobre trámites y negociaciones pendientes; estos han sido la materia en mi larga vida burocrática. Creo que lo publicado muestra que el jefe de la delegación argentina, ingeniero Hernán Orduna, tiene la difícil misión de avanzar maneado por el veto uruguayo que sigue adelante con su proyecto como lo hizo desde el primer momento.

En ese relato llama la atención que el 21 de septiembre de 2010 la CARU, es decir ambas delegaciones, de común acuerdo, solicitaron a la DINAMA información sobre los efluentes de la planta Orión. Esa información llegó el 5 de octubre y al día siguiente, razonablemente sin haber tenido tiempo para estudiar la respuesta, el Comité Científico visitó la planta.

No hay un relatoría de esa visita, pero cincuenta días después la Delegación Argentina en la CARU se dirigió formalmente a su contraparte uruguaya, como si fueran entes poco conocidos que no se reúnen periódicamente y, haciendo referencia a esa visita de la que no se publica registro, pidió que Orión cese la práctica de la dilución en el sistema de sus efluentes industriales, porque está terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya.

No debería sorprendernos ahora el procedimiento de dilución con agua fresca del Río Uruguay porque ya lo intuimos cuando se determinó el volumen de extracción autorizada, que es el doble del estimado por la empresa como necesario para la producción de un millón de toneladas de celulosa. Lo notable es que tratándose de una práctica no autorizada por la propia autoridad uruguaya, cuya existencia habría sido comprobada en la visita conjunta según lo expresa la Delegación argentina en su nota, la representación de Montevideo en la CARU no haya acompañado la queja argentina.

Obviamente esto pone la mira sobre la lealtad en esa Comisión . Uno podría preguntarse por qué esta violación grave de las normas se dejó a nivel de las delegaciones y no se llevó al de las Cancillerías, donde todo parece deslizarse tan suavemente.

La nota de la Delegación Argentina a su contraparte en la CARU también señala que durante la visita conjunta se conoció el propósito de la planta de tratar en forma conjunta sus efluentes industriales con los efluentes cloacales de la ciudad de Fray Bentos, lo que está expresamente desaconsejado por la DINAMA en su informe del 11 de febrero de 2005. Nuevamente se plantea la misma pregunta: si la información se obtuvo en una visita conjunta y la opinión técnica original uruguaya es contraria, ¿por qué la Delegación del Uruguay en la CARU no acompaña la queja argentina? Hasta el presente, un mes y medio más tarde, no parece haber habido respuesta. Peor aún, esto preanuncia cómo podría funcionar un sistema de monitoreo como el descripto en el “resumen ejecutivo”, según el cual una información obtenida por muestradores pasivos, “sin perjuicio de hacerse pública, no formará parte de las conclusiones del programa de monitoreo hasta tanto haya sido incorporada a la normativa CARU”.

Clarín
Jueves 27 de Enero de 2011

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