Con pocas horas de diferencia, la presidenta Cristina Kirchner recibió a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Unión Industrial Argentina (UIA) para tratar de dirimir puntos conflictivos y arribar a consensos entre las partes.

Entre todos los temas que se trataron, dos se destacan por sobre el resto: el proyecto de reparto de ganancias de las empresas entre sus empleados y una nueva Ley de Riesgos de Trabajo (LRT).

La primera de las iniciativas es impulsada por el asesor legal de la central obrera y diputado oficialista, Héctor Recalde, mientras que, en el segundo caso, a pesar de que existe una serie de proyectos presentados en el Congreso que apuntan a introducir reformas al régimen vigente, aún no se vislumbra un camino claro.

En este escenario, los empresarios también se muestran preocupados por los más de 400 proyectos que hay en el Parlamento que apuntan a modificar la normativa laboral. De ellos, más de 40 ya tienen media sanción, lo cual les genera una gran incertidumbre frente a los sucesivos cambios en las reglas del juego y su impacto en los costos laborales, producto de la sanción de nuevas iniciativas.


El proyecto de reparto de ganancias

En septiembre del año pasado, Recalde presentó una propuesta -que fue acompañada por otros 13 legisladores- que apunta a que las empresas distribuyan el 10% de sus utilidades netas entre sus empleados.

Si bien no fue la única iniciativa que se presentó en este sentido, fue la que más "ruido" causó.

Las quejas de los empresarios están a la orden del día. Al respecto, José Ignacio De Mendiguren, presidente de la UIA, enfatizó que "cuando se tratan temas que tienen que ver con el largo plazo, siempre se buscan consensos previos. Pero, en este caso, la CGT lo elevó directamente para que sea discutido en el Congreso".

sin embargo, según su impulsor, la iniciativa busca dar cumplimiento a la Constitución Nacional que, al enumerar los derechos de los trabajadores, consagra el de la "participación en las ganancias de las empresas, con control en la producción y colaboración en la dirección".

El proyecto plantea el reparto entre los trabajadores del 10% de las utilidades -descontando el pago de impuestos y las inversiones- de las firmas con más de 300 empleados, aunque ese tope bajará a 100 dependientes una vez que se cumplan dos años desde la aprobación de la ley.

Después del tercer año, todas las compañías se verán obligadas a efectuar tal reparto entre su persona.

Pero más allá de los números hay otra cuestión de fondo que genera el alerta total entre los ejecutivos de negocios.

En caso de sancionarse, deberán mostrar los números de la compañía, a través de lo que se conoce como el balance social, a los sindicatos.

Y tendrán que tener el consentimiento del dirigente gremial a la hora de decidir si conviene, por ejemplo, comprar una máquina, instalar una nueva oficina o sucursal o bien destinar ese dinero a incrementar salarios o pagar bonus, nuevos incentivos o compensaciones.

La norma establece que "el balance social será girado por la compañía al sindicato con personería gremial, signatario de la convención colectiva de trabajo que le sea aplicable, dentro de los 30 días de elaborado. Una copia del mismo será depositada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la que será considerada estrictamente confidencial".

De acuerdo a los datos difundidos por la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, en la actualidad, menos del 20% de las firmas obligadas, de más de 300 trabajadores, lo presenta.

"Si los empleados y el sindicato no tienen acceso a la información de la compañía, va a ser difícil que puedan participar en las ganancias ya que el conocimiento será ficto, no real", señaló la funcionaria.

La Viceministra también defendió la incorporación de un dirigente sindical en el directorio.

"Está en cabeza de las actividades sindicales, la obligación, el compromiso y el derecho", indicó.

En esta misma línea, Recalde remarcó que "habrá que mostrar toda la documentación respaldatoria de los movimientos societarios que sean pertinentes".

Eduardo Macaluse, del partido Solidaridad e Igualdad (SI), promueve un proyecto similar al del Recalde. Resumidamente plantea el reparto de utilidades, pero excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas.

"Me parece razonable el acuerdo que había para trabajar. Sin un plazo, sin apurar los tiempos", señaló el legislador y consideró que "hay tiempo para debatirlo antes de las elecciones".


Ley de riesgos del trabajo

El otro tema que divide a los empresarios y a los gremios es la reforma del actual régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Sucede que la Corte Suprema de la Nación dictó la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley 24.557, que impedía demandar por vía civil a los empleadores.

A partir de allí, proliferaron las sentencias en las que la Justicia aplicó el criterio de la causa "Aquino", que fue el "puntapié inicial". En este caso, el empleado damnificado no sólo cobró dinero de la ART sino que, además, pudo accionar contra su empleador reclamando un resarcimiento adicional, de modo de obtener una reparación integral.

Fallos como el mencionado provocaron un incremento en la litigiosidad, que puso en riesgo a muchas firmas.

Según los datos aportados por las aseguradoras, entre 2004 y 2010 la cantidad de juicios se multiplicó por 15. A modo de ejemplo, sólo el año pasado se presentaron casi 60.000 demandas.

El Gobierno convocó, en varias oportunidades, a empresarios y sindicatos para consensuar los cambios necesarios, con el fin de dar un nuevo marco al sistema.

Ante la falta de acuerdos, en noviembre de 2009, mediante el decreto 1694/09, el Ejecutivo optó por establecer un nuevo piso indemnizatorio de $180.000 a los efectos del cálculo de reparación por accidentes.

Luego, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) creó el seguro de responsabilidad civil para cubrir a los empleadores de reclamos por accidentes laborales.

El objetivo del mismo es el de evitar que las empresas tengan que afrontar una erogación extra a la que abona la ART a los empleados accidentados, o a los familiares.

De acuerdo con dicha norma, el seguro -de carácter voluntario- servirá para cubrir hasta $1.000.000 de las eventuales indemnizaciones que pudiera decidir la Justicia.

Una vez contratado, la aseguradora cubrirá "el monto de las indemnizaciones que se acuerden o que resulten de las sentencias judiciales firmes".

Pero, para las partes, esas medidas continúan siendo insuficientes.

Al respecto, la UIA informó que los más de 70.000 juicios en trámite generan una pérdida a las compañías de aproximadamente 2.000 millones de pesos.

Sin embargo, aún existen dos cuestiones clave pendientes de resolución, que mantienen en vilo a todos los hombres de negocios:

• Una de ellas tiene que ver con la doble vía. Esto es que el empleado pueda ser resarcido por la ART y, a su vez, si el monto pagado no cubre sus necesidades, éste mantenga la puerta abierta para iniciarle a la compañía una demanda civil para reclamar un monto adicional.
• La otra está vinculada con los accidentes in itínere. Es decir, si el empresario debe hacerse cargo, o no, de los accidentes que pudiera sufrir el empleado en su camino al trabajo.

Es así como la actual normativa quedó sumamente difusa.

En definitiva, la situación de hoy en día no convence a los empresarios porque, a pesar de contratar una aseguradora, quedan igualmente expuestos a las demandas judiciales de los dependientes accidentados. Tampoco a los trabajadores, porque no obtienen una respuesta concreta que les permita hacer frente a sus problemas, de manera integral, y por ello tienen que recurrir a la vía judicial.

Al respecto, Recalde anticipó: "Hay proyectos avanzados, estamos esperando una decisión del Ejecutivo en algunos temas específicos que son los que impidieron que haya avances".

El diputado fue tajante al destacar que, en esa línea, lo importante es la convicción que tiene la CGT de ir hacia adelante.

En este sentido, Recalde remarcó que hay puntos de disidencia que hacen a la seguridad jurídica como, por ejemplo, si el trabajador tiene el derecho o no de ir a la Justicia.

Así, explicó que si existe una buena prevención y una justa reparación, al trabajador se le hace innecesario recurrir a tribunales.

En tanto, con respecto a si se mantendrán las aseguradoras, el diputado dijo que, por ahora, en el proyecto de la CGT siguen en pie, pero reconoció que hay iniciativas para transformarlas en mutuas.

"No hay que alentar los juicios", indicó el legislador, y sostuvo que la forma de hacerlo es pagando indemnizaciones miserables. "Esto se tiene que terminar", concluyó.

Por: Sebastian Albornos

IProfesional
Lunes 9 de Mayo de 2011

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